Pablo Da Silveira
La enseñanza es probablemente el campo en el que los uruguayos acumulamos más frustraciones. Desde hace años sabemos que tenemos serios problemas de calidad (muchos alumnos aprenden menos de lo que deberían) junto a graves problemas de equidad (quienes menos aprenden son quienes menos tienen). Más recientemente, la violencia y el descontrol se han adueñado de buena parte de los centros de estudio.
Los uruguayos no hemos sido indiferentes ante estos desafíos. En los últimos años se sucedieron varios intentos por mejorar las cosas. La reforma Rama apostó a extender el ciclo escolar e impulsó una serie de medidas que fueron desde la enseñanza por áreas a la creación de escuelas de tiempo completo. El actual gobierno apostó a un gran aumento de los recursos presupuestales y a fomentar la participación.
Pero la verdad es que no hemos tenido éxito. Cada intento nos ha dejado algunos beneficios, pero los progresos han sido insuficientes en relación al dinero gastado y no han impedido un deterioro general de la situación. De hecho, el efecto más visible de cada iniciativa ha sido generar múltiples formas de oposición. En la enseñanza más que en otros campos, los uruguayos hemos resultado más hábiles para bloquearnos que para producir mejoras. Estamos encerrados en un ciclo que incluye un impulso de reforma y una marcha atrás cada pocos años. Hoy estamos necesitados de dos cosas. En primer lugar, debemos inventar maneras de introducir cambios que nos permitan escapar a los bloqueos político-corporativos. En segundo, precisamos nuevas ideas. Si no conseguimos mejorar la enseñanza, no es sólo porque nos paralicemos mutuamente sino también porque nos faltan propuestas claras para mejorar la calidad, aumentar la equidad y disminuir la violencia.
¿Es posible salir de este encierro? Para lograrlo deberíamos dar un paso que no hemos dado hasta ahora: separar el gobierno cotidiano del sistema educativo de la búsqueda de mejores prácticas institucionales y pedagógicas. El gobierno cotidiano de la educación es y seguirá siendo un terreno conflictivo. Allí seguiremos enfrentándonos acerca de cómo deben designarse los miembros del Codicen o qué contenidos deben incluirse en los programas de historia. Hace años que discutimos sobre estos temas y es probable que sigamos haciéndolo.
Pero, si queremos salir del bloqueo y dejar de perjudicar a los más débiles, deberíamos separar esa gestión cotidiana de la búsqueda de mejores prácticas. En este segundo terreno no tenemos por qué estar en conflicto. Para eso, bastaría con que todos aceptemos algunas premisas. Primero, que en lugar de competir por imponer soluciones prefabricadas, debemos darnos un tiempo y un espacio para la experimentación. Segundo, que los cambios deben probarse a pequeña escala antes de ser generalizados. Tercero, que las nuevas prácticas deben ensayarse con quienes están dispuestos a involucrarse en ellas, en lugar de imponerlas desde arriba. Cuarto, que la evaluación pública y la comparación de resultados pueden beneficiarnos a todos. Sobre estas ideas podría edificarse un acuerdo que nos permita buscar soluciones sin caer en el bloqueo perpetuo. Queda por saber qué forma institucional deberíamos darle. Ya veremos que hay opciones.
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