29 de junio de 2010

la Corte Suprema de Estados Unidos garantiza el derecho a defenderse

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió en un histórico fallo que los norteamericanos tienen derecho a portar armas de fuego, algo que no puede ser controlado por los estados, tal como garantiza la Segunda Enmienda de la Constitución.
El Tribunal Supremo declaró que el control de armas en Estados Unidos es inconstitucional. Así de sencillo. Cualquier ley que prohíba la compra o la posesión de armas choca frontalmente con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense -introducida en 1791-, que literalmente dice: "Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas".
La victoria es gigantesca para los amantes de las armas y garantiza a los estadounidenses todo el respaldo legal para defenderse por sí mismos, sin que el Estado tenga plenamente el monopolio de la violencia.

El fallo responde al caso de Otis McDonald, un norteamericano de 76 años de Chicago que había reclamado el derecho a tener un arma en su casa para defenderse. Al retirarse del Palacio de Justicia expresó: "qué feliz que soy".
Asimismo, la decisión llega casi exactamente dos años después de que el máximo tribunal se pronunciase por primera vez en su historia sobre el derecho constitucional a poseer armas, el 26 de junio de 2008. Entonces, el Supremo declaró inconstitucional una ley vigente desde 1976 que existía en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, que prohibía la venta y posesión de armas de fuego. Cuando se conoció tal decisión, los partidarios del derecho a llevar armas presentaron casi inmediatamente demandas pa-ra acabar con la legislación de Chicago.
En el caso de 2008 el máximo tribunal puso límites a las leyes federales, pero la sentencia de ayer va más allá pues protege el derecho individual de los ciudadanos a tener armas frente a sus autoridades locales.

REACCIONES. La decisión del Supremo ya se califica de "histórica" y la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), saludó el fallo indicando que "es una reivindicación para la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses que siempre creyeron que la Segunda Enmienda es un derecho y una libertad individual que vale la pena defender".
 al anunciar la decisión de la Corte Suprema el juez Alito observó que desde la prohibición hace 28 años del porte de armas de fuego en Chicago, la tasa de asesinatos por pistolas o revólveres aumentó en esa ciudad.
Lo que aún está por verse es el impacto que tendrá la norma a corto plazo, ya que, como en la decisión de 2008, los jueces no entraron en la definición de "control". ¿Se puede vender un misil "stinger"? ¿Puede comprar un arma una persona que acaba de salir de la cárcel? ¿Puede poseer un revólver un enfermo mental? ¿Puede ir armado el guarda de un parque infantil? Los magistrados, de hecho, ya apuntan en su fallo que "algunas limitaciones del derecho (a poseer armas) podrían sobrevivir a desafíos legales".
Ochenta personas mueren por día en EE.UU. por armas de fuego, cerca de 30.000 al año. El 34% de las muertes son homicidios -la mayoría de los casos son suicidios o accidentes-. Noventa millones de estadounidenses -sobre una población de 310- poseen un total de 200 millones de armas, lo que convierte al país en la nación del mundo con mayor índice de armas en manos de civiles. El 45% de los hogares norteamericanos posee, al menos, un arma de fuego.
El fenómeno está plenamente aceptado por la población que lo asocia al carácter individualista de la nación. La familia más respetable del barrio más seguro de Estados Unidos duerme con un revólver bajo la almohada. Garantizado por el Tribunal Supremo.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, dice que el riesgo de que un niño muera de un disparo accidental es uno en un millón.
Desde 1994, una ley federal obliga a los vendedores de armas a verificar los antecedentes de cualquier persona que quiera adquirir un arma. Se prohíbe la compra de armas a los condenados por crímenes, a los drogadictos, a los autores de violencia doméstica y a las personas con deficiencia mental.